Diana Morant: “Ahogan a la universidad pública, dejan proliferar la privada y lo disfrazan de libertad de elección”

En la Comunidad de Madrid se abren universidades privadas a tal ritmo que el dato que había ofrecido la ministra Diana Morant el miércoles (13 centros privados en la región) se queda obsoleto el viernes. Madrid es precisamente la comunidad autónoma en la que pensaba el Gobierno cuando anunció hace diez días que va a endurecer los requisitos para crear universidades privadas, según explica la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades en esta entrevista. “La lideresa intelectual de este proceso de privatización es Isabel Díaz Ayuso”, sostiene Morant.

La responsable de universidades defiende que su departamento no va contra los centros de iniciativa empresarial en general sino contra un determinado modelo privatizador que, como pasó antes con la Sanidad, está maltratando a la pública para forzar a muchos estudiantes a ir a campus privados, “rompiendo esa tendencia de crecimiento del sistema universitario público para tener una oferta y una demanda que, al cruzarse, conformen un sistema eficiente”.

En el lado de la ciencia, el mundo se agita ante los recortes que impone Donald Trump en EEUU, una crisis en ciernes que coge forma de oportunidad en países como España, que quiere atraer talento desencantado con su país. “Ahora somos más atractivos para los científicos y las científicas de lo que éramos antes de la administración Trump”, dice la ministra.

Morant anuncia también que habrá medidas para que los tratamientos contra el cáncer no se vean afectados por el huracán Trump y repasa la crisis que vivió el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) con la salida de María Blasco y la solución que se va a poner en marcha. Aunque la bicefalia anterior (gestor científico-gestor económico) no salió bien, el ministerio cree que el modelo es bueno y va a repetir.

Madrid no es la única comunidad autónoma que está aprobando universidades privadas de dudosa calidad y con informes en contra, pero sí es donde más descontrolado está el sector. ¿Decidieron endurecer los requisitos para crear centros privados por lo que pasa en esta Comunidad?

La lideresa intelectual de este proceso de privatización que se está viendo en términos generales, pero muy concretamente en la Comunidad de Madrid, es Isabel Díaz Ayuso. O quizás es la que con más descaro lo está haciendo. Hay que poner freno no solo a esa proliferación de universidades privadas de baja calidad, que incluso con el informe contrario del Consejo de Política Universitaria se aprueban, sino también con el maltrato a la pública. Es una doble vía que lleva a la privatización del sistema universitario y que va en detrimento de lo que para nosotros es un ascensor social y un bien público, que es la universidad.

Pero el PSOE lleva siete años gobernando y el decreto con el que el exministro Manuel Castells trató de dificultar la creación de universidades privadas tiene cuatro años ya. ¿Han tardado demasiado en actualizarlo?

El decreto de Castells establecía una serie de condiciones y había cinco años para que aquellas universidades que ya estaban dadas de alta o creadas se adaptaran. Al mismo tiempo vamos a poner estas restricciones para la creación de nuevas y supervisando y examinando a las que ya estaban en marcha y que tendrán que cumplir también los requisitos que se establecieron en el año 2021.

Hace tiempo que se ve que el decreto de Castells no está logrando el objetivo que se propuso y hay gente, como el catedrático Carles Ramió, diciendo que el problema ya está creado. ¿No cree que han apurado demasiado?

El presidente del Gobierno presentó esta modificación del Real Decreto, pero también un fortalecimiento de la única universidad pública que tiene competencia estatal, la UNED, con un incremento de las transferencias del 35%. Predicamos con el ejemplo. Lo que yo estoy notando es un cierto tufillo clasista con todos aquellos que están en contra de este real decreto. Hay una parte del espectro político en nuestro país –la derecha y, concretamente, el Partido Popular– que entiende que las universidades deberían seguir siendo aquella universidad de las élites. Yo nací en 1980, había 800.000 universitarios. Ahora estamos en el máximo histórico de universitarios con 1.800.000. Pero en 25 años no se ha creado ninguna universidad pública, mientras hay 26 universidades privadas más en diez años. La matrícula en la pública solo ha crecido un 2%, pero en la privada un 117% y ahora el 30% del alumnado universitario está en la privada, el doble que en Alemania. Y aquí el máximo ejemplo es Madrid, donde hay seis universidades públicas, pero 13 privadas [la presidenta Ayuso ha anunciado la próxima aprobación de la 14ª].

Inevitablemente va a llegar un momento en el que se acabe el plazo para adaptarse y haya universidades privadas que incumplan la normativa. ¿Confían en que los mismos gobiernos regionales que han aprobado esas universidades sin que cumplieran vayan a cerrar centros?

Yo tengo que confiar en que en un sistema democrático se cumplen las leyes, en que las comunidades autónomas harán lo que dice la Constitución y que, dado que son el órgano de supervisión de las universidades, hagan cumplir la norma. Si no, nosotros tendremos que vigilar a esos gobiernos autonómicos.

Pero el Gobierno no tiene competencias para entrar ahí.

No. De momento hemos elevado el debate. Está bien que la ciudadanía sepa lo que pasa y lo que le corresponde a cada uno en su ámbito competencial. Las competencias a veces son complicadas para el ciudadano. Yo me pongo en la mente de mi madre. ¿Entiende quién crea una universidad, aunque haya un Ministerio? La gente debe participar de los asuntos que son importantes y relevantes como país. Es importante que el sistema universitario sea parte de las tertulias de las familias y que la gente, que en algún momento de la vida va a tener una cierta proximidad con el mundo universitario a través de su hijo, hija, nieto o nieta, sepa que el Gobierno de España pretende que el sistema sea capaz de garantizar que, sea cual sea el esfuerzo que tu familia va a dedicar a ese título, tenga que pagar una matrícula pública de entre 600 o 1.000 euros o sea privada y se gaste de 6.000 a 10.000 euros, que sepa al menos que se le está devolviendo un título universitario que cumple con los estándares de calidad que exige este país.

Varias personas expertas sostienen que el problema no son las universidades privadas en general, sino aquellas que tienen ánimo de lucro. ¿Se plantearon cuando redactaron el nuevo decreto que las universidades no puedan tener ánimo de lucro?

Sí. En el fondo lo que pretende este real decreto es que se considere el concepto de universidad como un bien público y no como un bien de mercado. Para nosotros un título universitario tiene que llevar detrás calidad en la docencia, pero también tiene que haber una transferencia de conocimiento por parte de un docente que además es investigador y transfiere parte de su conocimiento a los estudiantes. También está la función social y vertebradora de las universidades. Pero cuando una universidad es prácticamente un garaje que ha abierto la persiana, que expide títulos muchas veces online, que no tiene un grupo de profesores detrás y no hay investigación, es un negocio. También corre el peligro de que el día que no sea rentable se cierra el negocio y punto. Por eso nosotros imponemos una serie de condiciones en torno al concepto de universidad.

Ya que ha mencionado las universidades online, ¿por qué han cambiado el ámbito competencial al Congreso? ¿Son un coladero? ¿Les preocupan especialmente?

Nos preocupa todo, pero sobre todo que es muy fácil y cómodo para un gobierno autonómico asfixiar a la pública, no crecer en matrícula y en oferta en la universidad pública y dejar proliferar la privada. Además, lo disfrazan de libertad educativa, de que un estudiante puede elegir estudiar en la pública o en la privada y que la oferta es dos más dos y suma cuatro. Pero no es cierto, porque si un estudiante no tiene plaza en la pública y se siente obligado a ir a la privada para estudiar, incluso teniendo una nota buenísima, no hay libertad educativa. Te están obligando a ir a la privada. Esto es un paso atrás gigantesco, es devolver la universidad a quien se la puede pagar. Ese es el fondo del debate. ¿Eso lo vamos a poder arreglar desde el Gobierno de España? Probablemente no, pero vamos a ser capaces de dibujar un escenario en el que la gente sepa que el Gobierno de España está en contra del maltrato a la pública y la proliferación de la universidad privada.

El Gobierno actúa contra determinados centros privados, lo que significaría limitar también la oferta general. Si las comunidades no abren plazas públicas, el estudiante se preguntará qué va a hacer, si ni siquiera pagando puede acceder a la universidad. ¿Proponen algo en este sentido?

Hemos aumentado un 35% el presupuesto de la UNED [la única universidad que depende del Ejecutivo central] y vamos a crear 7.000 nuevas plazas, 5.000 para másteres habilitantes. A día de hoy tú puedes graduarte en una universidad pública de una determinada titulación, pero para ejercer esa profesión necesitas cursar un máster habilitante, y no puedes hacerlo en la universidad en la que has cursado esa titulación. Eso es un plan clarísimo de privatización de la universidad, porque acabas abocado a pasar sí o sí por la universidad privada. Aunque seas el mejor de tu clase. No hay oferta y había que aflorar esta circunstancia.

Me decía antes que llevamos siete años gobernando. En estos siete años hemos transferido 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas, un 50% más que el Gobierno de Rajoy. Y, sin embargo, por ejemplo en Madrid este año las transferencias entre la Comunidad Autónoma y sus universidades públicas solo han aumentado un 4%. ¿En qué está priorizando los gobiernos autonómicos esas transferencias de más? Solo este año estamos financiando 1.500 plazas para estudiantes de Medicina. Se han cogido todas las comunidades autónomas, pero ha tenido que entrar el Gobierno de España para que se crearan estas plazas. ¿Por qué no lo han hecho las comunidades autónomas?

Hablemos de ciencia. El mundo está en 'shock' como consecuencia de la política arancelaria y los recortes de la administración Trump, también en el ámbito de la investigación. ¿Qué impacto puede tener en el sistema de investigación español?

Este es el momento de mayor inversión en ciencia de nuestro país de toda la historia y vemos con preocupación lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A mí me parece más estúpido que inteligente no apostar por un sector científico tan importante como el que ha conseguido reclutar Estados Unidos, pero lo cierto es que están despreciando ese talento.

¿Se ha notado la onda expansiva? ¿Hay alguna consecuencia concreta? 

Nos está fortaleciendo y situándonos como un país donde se respetan la democracia y los valores. Ahora mismo somos un país más atractivo para los científicos y las científicas de lo que éramos antes de la administración Trump.

Con ese incentivo de 200.000 euros más para aquellos científicos que provienen de Estados Unidos, vamos a conseguir que muchos se presenten desde allí, y tendremos la oportunidad de incorporar ese capital humano a nuestra comunidad científica.

En ese sentido, anunciaron en el Consejo de Ministros la convocatoria del programa Atrae con el foco especialmente puesto en los investigadores estadounidenses, incluso con un incentivo económico. ¿Cuántos investigadores estadounidenses pretenden captar con este sistema?

No sabemos si van a ser estadounidenses. Será la tercera convocatoria del programa, pero es verdad que hemos redoblado la ambición y esta sale con un 50% más de financiación que el año pasado y con un compromiso a tres años. Hablamos de 135 millones de euros. Es una convocatoria muy competitiva para científicos que están dentro del 10% de los mejores en sus áreas. A nadie se le escapa que ahora hay muchos científicos que, o son de Estados Unidos, o están trabajando en EEUU, y que buscan un nuevo país en el que hacer su ciencia. En las dos ediciones anteriores el 50% de los científicos que han venido a nuestro país provenían o de Estados Unidos o de Reino Unido. Entendemos que ahora, con ese incentivo de 200.000 euros más para aquellos que provienen de Estados Unidos, vamos a conseguir que muchos se presenten desde allí, y tendremos la oportunidad de incorporar ese capital humano a nuestra comunidad científica.

Ha habido algunas reacciones que entendían como un agravio que se aporte ahora dinero a investigadores estadounidenses cuando algunas situaciones de los investigadores de aquí no son las óptimas. ¿Qué les diría?

El plan lleva tres años en marcha y siempre ha pretendido o el retorno de aquellos españoles que se fueron y están en grandes instituciones de ciencia [del mundo] o la venida por primera vez de científicos de primer nivel a nuestro país. Los científicos de primer nivel también tienen la capacidad de ser contratados a través del contrato de investigador distinguido, y yo invito a las instituciones de ciencia a que paguen bien a sus científicos.

En elDiario.es estamos especialmente preocupados por el impacto que esto va a tener en la lucha contra el cáncer. Trump amenaza con poner aranceles a las farmacéuticas. ¿Qué impacto puede tener? ¿Van a tomar medidas para amortiguar ese posible encarecimiento de los tratamientos?

El Gobierno ha anunciado un paquete de medidas de 14.000 millones de euros. Somos conscientes de que uno de los sectores que se van a ver más afectados es el sector farmacéutico y va a haber medidas ahí. Pero nuestro país es líder en ensayos clínicos y vamos a seguir apostando para que se pueda hacer investigación de vanguardia y en la frontera del conocimiento en el sector farma. Lo primero es un mensaje de tranquilidad: somos muchísimo más fuertes que en crisis anteriores. El segundo mensaje es que vamos a seguir apostando por la misma fórmula. Si nos ha funcionado para la pandemia –hoy tenemos más personas trabajando que nunca y unas capacidades científico-técnicas que no teníamos–, ¿por qué no vamos a saber hacerlo también ante esta crisis?

Acaban de anunciar el concurso para dirigir el CNIO tras la reciente crisis. ¿Qué características tiene la convocatoria?

Este concurso internacional tendrá un comité de selección para las candidaturas que vayan llegando. Lo presidirá el secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y se conformará este comité de selección por una serie de personas expertas o con una reputación reconocida. Se van a poner como requisitos aquellas condiciones que hacen singular al CNIO para que se adapte como un guante la nueva dirección al propio centro y que tengamos la ocasión de abrir esta nueva etapa necesaria en un centro tan importante como es el CNIO.

¿Qué criterios se van a elegir o tener en cuenta para no repetir errores del pasado? ¿Se va a cambiar la filosofía en algún modo?

Si me está preguntando por la fórmula estatutaria que hay en la dirección del CNIO, en principio no.

¿Seguirá habiendo dos cabezas, entonces? Gerencia y dirección científica.

Sí. Lo que no puede repetirse es que las dos direcciones estén continuamente en la pelea. Una de las de las conclusiones que se ha sacado de esta crisis es que había acusaciones cruzadas y se generaba un ambiente que hacía imposible que ni uno ni el otro tomaran decisiones adecuadas porque no se tenían en cuenta.

El nuevo plan de ayudas de investigación en inteligencia artificial, que se canceló a finales de año con cierta polémica, se ha vuelto a poner en marcha. ¿Cuál es la novedad mayor en este sentido y por qué se cambió a última hora?

El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido un grandísimo balón de oxígeno, tenía como mayor inconveniente la limitación en el tiempo. Y con el diseño de las herramientas, con un dinero que venía del Ministerio de Transformación Digital, se eligió apostar por investigación en inteligencia artificial. Pero con los distintos cambios, la convocatoria se iba retrasando y eso iba limitando el tiempo de ejecución. Entendimos que no iba a ser posible que los científicos hicieran el trabajo solo con dos años de duración. E hicimos de la necesidad virtud, hemos reconducido esos 35 millones de euros a otras cosas que sí que tienen unos plazos de ejecución posibles. En este caso, a obras de la DANA de Valencia: puentes, canalización, servicios. Lo que hemos hecho ha sido aportar presupuesto nacional y sacar una mejor convocatoria para la investigación en inteligencia artificial.

¿Los que intentaban presentarse a finales de 2024 no se han quedado colgados?

No, porque como los requisitos van a ser los mismos, el trabajo que se ha hecho para prepararse para la convocatoria les vale. Y van a tener tres o cuatro años para ejecutar el proyecto. Ha habido un retraso de tiempo, pero no es algo que haya ocurrido solo con esta convocatoria. La constelación Atlántica, que es otro proyecto de ciencia de satélites, también acabamos sacándola del plan de recuperación porque los plazos de ejecución no eran posibles. Hemos ido negociando con Europa, porque hemos cambiado algunos proyectos. Es muy difícil que no haya cambios en una herramienta que se diseñó en el año 2020, en plena pandemia.

Vídeo: Lourdes Jiménez y Javier Campas