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Junts per Catalunya sopesa retirar la proposición no de ley que solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza, tal y como ha propuesto el mediador internacional que asiste las reuniones mensuales en el extranjero entre los neoconvergentes y el PSOE, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. Con este gesto, JxCat concedería "más tiempo" al Ejecutivo para cumplir las cesiones pendientes acordadas o en fase de negociación.
La propuesta del verificador, trasladada a través de un comunicado interno, ha sido confirmada a este periódico por las direcciones de ambos interlocutores.
El partido presidido por Carles Puigdemont, no obstante, pospone el anuncio de la decisión a la reunión ordinaria de su ejecutiva de este lunes, aunque esta misma tarde ya habrá un encuentro previo entre sus principales dirigentes para fijar la posición oficial, según informan fuentes de la fuerza independentista. El secretario general, Jordi Turull, ha pedido que no haya manifestaciones públicas sobre la solicitud de Galindo Vélez y, en un mensaje interno, considera que el posicionamiento final requiere "un debate riguroso".
Desde la dirección reconocen que aún no hay acuerdo en temas como el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat, pero indican que este movimiento serviría para "ganar tiempo". Aun así, Puigdemont tendrá la última palabra, por lo que la decisión será una incógnita hasta el final. En la memoria más reciente aparece la moción de censura abortada a última hora por Junts en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona) contra la alcaldesa Sílvia Orriols, del partido ultraderechista Aliança Catalana. La cúpula del partido, y en particular el ex president, frenó la formación de un Gobierno municipal alternativo junto a Esquerra Republicana y el PSC por temor a una fuga de votos hacia una formación independentista que irrumpió en el Parlament con dos diputados en las últimas elecciones autonómicas.
La proposición no de ley fue registrada inicialmente por JxCat el pasado 9 de diciembre y modificada hace menos de un mes. El cambio en el redactado del texto, que especificaba que la petición no tiene vinculación jurídica, se produjo después del acuerdo alcanzado entre el PSOE y los neoconvergentes para la aprobación del decreto ómnibus del Gobierno.
Representantes socialistas y de los independentistas se reunieron el pasado viernes en Suiza en uno de los encuentros mensuales acordados dentro del pacto para la investidura de Sánchez y tan solo a cuatro días de que se debata, en teoría, la petición de cuestión de confianza en el Congreso. Según el diplomático salvadoreño que intermedia en estos encuentros, se han podido constatar "las diferencias existentes, las dificultades a superar y los esfuerzos mutuos para intentar llegar a acuerdos y avances significativos".
En su comunicado, Galindo Vélez asegura que es "un hecho real que todavía no se han materializado algunos de los puntos del acuerdo político" al que llegaron ambos partidos en noviembre de 2023 para facilitar la investidura de Sánchez. No obstante, el mediador pide a Junts que "considere retirar" su propuesta "ante el escenario que se abre en las próximas semanas en relación con los temas más sensibles que se han estado trabajando hasta la fecha". "Una ruptura del espacio significaría un retroceso difícil de superar que frenaría estos avances", sostiene.
Fuentes de la dirección socialista apuntaban ya esta semana a la posibilidad de que se retirara la cuestión de confianza si se producía un acuerdo que no descartaban. No obstante, restaban importancia al hecho de que finalmente se debata en la Cámara Baja este martes dicha proposición no de ley que insta al presidente a que se someta a ella ya que él es el único que tiene potestad para plantearla.
"No es de fiar"
Puigdemont exigió en diciembre a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza en el Congreso porque "no es de fiar". En un balance del primer año del pacto de investidura firmado con los socialistas, el ex president anunció que su grupo parlamentario había registrado, ese mismo día, una proposición no de ley con ese propósito debido a "la falta de voluntad política de hacer efectivos, de forma completa y ágil, los acuerdos adquiridos".
El 29 de enero, Junts registró el nuevo texto en el que, rebajando el tono, señalaba que la cuestión de confianza es "una prerrogativa del presidente del Gobierno" y le instaba a considerar la oportunidad de llevarla a cabo. Además, la proposición reelaborada indica que, en el caso de ser aprobada, no tiene vinculación jurídica.
La Mesa del Congreso admitió, el 4 de febrero, la iniciativa de Junts tras el acuerdo con el PSOE para convalidar el decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones o las ayudas económicas a los usuarios del transporte público y a los afectados por la dana del pasado octubre. Una semana antes, los neoconvergentes habían votado contra el primer intento del Gobierno de convalidar en la Cámara Baja las medidas del escudo social.
Gracias a la mayoría del PSOE y Sumar, el órgano rector parlamentario había aplazado hasta en dos ocasiones su decisión sobre la admisión o no a trámite de la proposición no de ley de JxCat que exigía a Sánchez someterse a una cuestión de confianza. El 17 de enero, un día después del segundo aplazamiento de la Mesa, Puigdemont anunció que su partido rompía las negociaciones con el PSOE, incluida la de los Presupuestos Generales del Estado, y reclamó una "reunión urgente" en Suiza en el marco la mesa de diálogo bilateral con mediación internacional.
Discrepancias
Ambos partidos se sentaron frente a frente, el pasado viernes, en el país helvético con varias carpetas abiertas además de la de la cuestión de confianza. Las tres principales son el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat, una cuestión que según el calendario pactado debía cerrarse a finales de 2024, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y la reducción de la jornada laboral, en la que Junts ha mostrado su oposición a las 37,5 horas semanales implantadas por el Gobierno.
Turull ha repetido varias veces, en las últimas semanas, que su partido está "más cerca del no que de validar la ley" y se ha alineado con la postura de las patronales frente al Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Los neoconvergentes consideran que la mayoría de pequeñas y medianas empresas no podrían afrontar esa reducción de las horas de trabajo de sus empleados y exigen que se respete la autonomía de los convenios colectivos.
Además, en las negociaciones con el Gobierno y, en particular, con la líder de Sumar, han puesto sobre la mesa "la necesidad de que el Salario Mínimo Interprofesional sea más elevado en Cataluña" que en el resto de comunidades autónomas. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, reivindicó el pasado miércoles que "el coste de la vida" en la región es "más caro que en cualquier otro punto del Reino de España".